Buenos días distinguido presídium, y amigos que nos acompañan. Saludo al Ingeniero José María Frausto Siller, Secretario de Gobierno, representante personal del señor Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís. Al señor Alcalde de Saltillo Manolo Jiménez Salinas.Le agradezco a la Señora Magistrada Miriam Cárdenas Cantú, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, integrante de nuestra asociación, su hospitalidad y anfitronía, que hizo posible llegar a este momento tan importante para la vida activa de AMMJUM. Con igual afecto saludo a mi amiga la señora magistrada Gloria Avecia Solano, Secretaria de AMMJUM y delegada regional Noreste del Capitulo México de la IAWJ, por su empeño y dinamismo para la realización de este evento.
A los jueces, juezas, magistrados y magistradas, abogados y honorables personas que con su presencia venida de distintas partes de esta región y de otras latitudes engalanan este evento, les doy la más cordial bienvenida desde mi corazón y les agradezco que estén aquí y ahora, juntos estamos escribiendo la historia de nuestra asociación.
Esta es una agrupación especializada de juzgadoras unidas por una sola intensión, la actualización de conocimientos no solo jurídicos, no únicamente profesionales, sino humanos que nos permitan estar cerca de la realidad, de cara a la sociedad; es un esfuerzo compartido por lograr el empoderamiento de nuestro genero, no solo en nuestra propia individualidad sino de las personas que tienen problemas y que acuden confiadamente al sistema jurídico a resolverlos, que ven en los jueces y juezas un árbitro objetivo, racional y sensible de la situación y contexto en que sus conflictos se presentan, los conocimientos, vivencias y las reflexiones que surgirán de este congreso, sin duda se verá reflejado en la solución que demos a los problemas que ocupen nuestra atención como agentes de la justicia. Les reitero mi gratitud por el tiempo que dediquen a este encuentro. La tarea que nos hemos echado a cuestas ha sido un camino de muchos retos personales y profesionales, pero este evento no sería posible sin el brillo de su presencia, del apoyo brindado a las acciones que emprendemos “juntos hacemos más”.
Saludo a todos los aquí presentes, señoras y señores gracias por acompañarnos. México vive tiempos de cambio, ese es el tema que está en la mente de millones de mexicanos y nosotras somos parte de ese cambio, somos parte del aparato del Estado, somos esencia de un orden establecido con el llamado especifico a hacerlo funcionar, a fortalecerlo cuando en cada una de nuestras intervenciones, de nuestras reflexiones, de nuestros debates, al estudiar un caso, al firmar un fallo, al decidir un problema, tenemos presente el postulado constitucional de cumplir la letra exacta de la ley y ahora con un sentido auténticamente moral nacido del respeto a los derechos humanos, bajo la constitución.
Somos los jueces quienes no fuimos elegidos para ocupar nuestros cargos, los investidos del poder de invalidar leyes que han sido creadas por los representantes del pueblo debidamente elegidos. La respuesta convencional a la objeción de nuestro origen contra mayoritario, es que todas las instituciones de nuestra sociedad deben acatar el estado de derecho y, la revisión judicial simplemente requiere de la obediencia de sus órganos a la ley suprema. Sin embargo, hay algo un tanto vacío en este postulado, porque lo cierto es que la constitución está redactada en mayor parte, de manera amplia y con un lenguaje vago que pocas veces se refiere de manera directa a los casos que llegan a los tribunales, en consecuencia, es tarea invaluable de los jueces el interpretar su contenido y de modo inevitable rehace la constitución a la opinión de los jueces, surge así el famoso aforismo americano “Nos rige la Constitución, pero la Constitución es lo que los jueces dicen que es”. ¿Por qué menciono lo anterior?. Por una sencilla razón: pereciera que en estos tiempos de cambio que se viven en la comunidad, no solo de México sino en muchas partes del mundo, hay tensiones entre los poderes, particularmente entre el legislativo y el judicial, las redes sociales que día a día nos ponen al tanto del acontecer universal, dan cuenta de cómo en Argentina, España, Portugal, Polonia, por citar algunos Estados, se han levantado protestas, huelgas, juicios, procesos, debates donde se cuestionan las reformas a las estructuras judiciales, tomadas sin el consenso indispensable para la buena marcha del estado.
México no es la excepción, es de todos conocido los feroces ataques de que hemos venido siendo objeto, que en una armoniosa acción comunicativa perfectamente dirigida, ahora nos presenta ante una opinión pública convenientemente encausada, con poca información de cuáles son nuestras tareas, cuáles nuestras funciones, cuáles nuestras fortalezas, como un puñado de personas aprovechadas de los cargos, investidos de poder ilimitado irracional y sin controles institucionales, a los que hay que sacudir y poner en orden. El Poder judicial no puede estar sujeto a intromisiones de otros poderes, y no me refiero al ámbito de la judicatura federal, sino de toda la función jurisdiccional que ejercemos todas y todos los aquí presentes, juezas y jueces de distintas materias, fueros, latitudes, esta función que dignamente realizamos día a día, es esencial al estado de derecho, es el poder equilibrador, el que revisa los actos y las leyes de otros poderes, ese poder no puede ser sujeto a ser tomado como rehén de procesos de renovación, de trasformaciones sociales, porque entonces, lo que en realidad se está buscando es cambiar el modelo, la estructura del propio estado, no hay que lavar tanto al niño que terminemos tirándolo, eso no abona a la estabilidad del estado que se busca renovar.
En ese sentido, es el desempeño responsable, ordenado, racional y objetivo de sus funciones, el que ayuda a las gentes, a las personas; el que puede legítimamente privar a los gobernados de sus derechos de sus bienes, de sus papeles, de escuchar sus comunicaciones, de introducirnos en sus relaciones afectivas, en esa función al decir el derecho, de dar vida al hipotético abstracto genérico, contenido en la norma al que el juez detona en un caso concreto, es en el desempeño de esas competencias en que los jueces pueden disponer de la libertad, del patrimonio, de la familia, de las personas, donde se hace indispensable que las ejerza en un marco de absoluta independencia.
Quiero denotar que ésta no es una condición personal e individualista de los operadores jurídicos; sino una garantía para los usuarios de sus servicios, que requieren confiar en que el juez que resolverá su problema no tiene un designo anticipado.Vamos, dicho coloquialmente, que no le tiemble la mano, no le turbe la reflexión, que en aquél asunto en que esté en juego los intereses del Estado, de los poderes facticos, económicos, religiosos o de las mafias, que no dan absolutamente nada, ni nadie le inhiba en la solución justa y legal de su problema. No se exige un acto de heroísmo desmedido para el desempeño de una actividad obligada a respetar en el régimen que los mexicanos elegimos como forma de gobierno, no somos una organización autónoma de esas que creó el constituyente para el mejor desempeño de las cada vez más complicadas y especializados funciones que realiza el ejecutivo, por disposición constitucional, que no se olvide, somos parte del Supremo Poder de la Federación, que se resume en el primer párrafo del artículo 49 constitucional que dice: “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. […]” Acorde con esa disposición constitucional, la independencia judicial es condición esencial para una judicatura respetable y respetada que constituye un contrapeso frente a los otros poderes del Estado, consustancial a la división de poderes, con el deber insoslayable y preponderante de proteger y desarrollar los derechos humanos, que constantemente han venido estableciendo los altos tribunales de la nación, mediante resoluciones progresivas y visionarias en la cultura de los derechos humanos, especialmente en el tema de género y de los derechos de las mujeres que también somos humanas, que tanto nos ocupa y preocupa a las aquí asistentes, lo que ha permitido una concepción más robusta de la democracia.
La judicatura está obligada a dirimir conflictos, esa es su principal función, su tarea constitucionalmente definida en la carta magna, su valor fundamental, y para el correcto desempeño amerita de una estela de garantías, entre ellas, la de independencia, que debemos preservar porque solo garantizando ese valor daremos confianza, seguridad a la ciudadanía, debemos impedir que se limiten esas facultades, so pretexto de una trasformación social, la cual insisto, no puede llegar al extremo de hacer desaparecer la propia estructura del Estado; lo que se enfatiza, no es una cuestión monetaria individualista, son garantías que existen en todos los países que tienen una democracia constitucional.
La independencia judicial es una de las garantías jurisdiccionales y se identifica por cuatro garantías sustanciales específicas. La primera es la estabilidad en el cargo, es decir, que no se nos pueda quitar a los juzgadores, el día que las fuerzas políticas así lo decidan. La segunda, que no se nos pueda disminuir la remuneración. La tercera, que tengamos bien establecidos los supuestos de responsabilidad, y la cuarta, que se tenga una duración especifica. Las razones de estos postulados son históricas, sus antecedentes son de todos conocidos, sin embargo, la modernidad que vemos, los problemas reales que enfrenta la sociedad mexicana, la imperiosa necesidad de componer y recomponer el entramado social, la brecha de pobreza entre los que nada tienen y a los que todo les sobra, el bono democrático resultante de la voluntad popular, no puede llevar a resolver esos problemas de la forma tan simple como se propone, limitando las garantías de los jueces, porque con eso no solo a ellos se afecta, que no es cosa menor, sino a la sociedad en su conjunto.
Sabemos que hay diversidad de pensamientos entre todas y cada una de las personas, incluidos los aquí presentes, de intereses, de visiones, de concepciones, somos iguales en el cargo, todos somos juzgadores con distintas competencias, todos tenemos la facultad de decir el derecho, pero no pensamos igual y esa es la riqueza de reuniones como estas, en las que compartimos opiniones y puntos de vista distintos que nos ilustran e invitan a reflexionar o defender nuestras propias posturas o a cambiarlas cuando compartimos mejores prácticas para realizar nuestro trabajo, por esa razón me congratulo de estar.
Sin embargo, hoy, desde esta tribuna, hago un llamado para que juntos hagamos una reflexión de la necesidad de defender esa precondición de nuestras funciones, de contar con independencia como forma de garantizar un modelo de organización social, es muy importante tomar conciencia de lo que hoy significa nuestra función, y de qué lograr buscar, mantener, proteger, la independencia en las condiciones actuales, es un problema mayúsculo que se debe enfrentar con inteligencia, con objetividad, con unidad mediante los mismos instrumentos que tenemos al alcance y que son nuestros insumos de trabajo la función que desempeñamos. Por tanto, dada la incertidumbre y preocupación por nuestro desempeño en la impartición de justicia, esta asociación civil de juzgadoras por mi conducto expresa su animadversión a la iniciativa de reforma a los artículos 94 y 116 constitucionales, porque en su sustancia vulnera los principios de autonomía e independencia del Poder Judicial como parte de la democracia que queremos como forma de gobierno, si creemos en la importancia de nuestra función, si tomamos conciencia de lo que esta implica y asegura, llegaremos a la clara y evidente conclusión de que desde otros poderes se pretende acotar, los poderes que corresponden al Poder Judicial; tales como designar jueces y magistrados, determinar las competencias en los circuitos judiciales dentro de la republica mexicana, fijar la temporalidad laboral de hasta seis años en el desempeño judicial de funcionarias y funcionarios judiciales dentro de un circuito judicial; lo que de suyo es inadmisible, dado que contravienen los artículos 49 y 97 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, aunado a la grave crisis de desintegración familiar, que eso generaría, con claro impacto de nuestras propias funciones; insisto, somos jueces, no héroes de fábula infantil, con esas medidas también se vulneran los derechos humanos de las y los impartidores de justicia. En esas reformas se pone en riesgo un valor esencial a toda democracia que es su forma de gobierno; es la fórmula contenida en el contrato social basada en la teoría de pesos y contrapesos, en el equilibrio de poderes, la que se ve amenazada con esos embates actuales.
Por otra parte, no puede desconocerse el malestar social reflejado en las urnas, es una moción de censura a las instituciones y la nuestra también es parte de ese andamiaje estatal, percibido como ineficiente, inoperante, desgastado, simulado, costoso, esa situación nos debe llevar a la reflexión, a la autocrítica, a la introspección, a examinar con objetividad y rigor analítico en que fallamos, cuáles son nuestras áreas de oportunidad que tenemos que cambiar, como podemos cuestionar nuestras propias inercias y consolidar nuestra legitimidad contra mayoritaria, pero sin afectar la propia estructura de la institución, porque entonces, se afecta a la sociedad en su conjunto.
Uno de los propósitos de esta reunión, es tener un espacio de reflexión para los grandes problemas que nos aquejan de desaparición de personas, migración, y de nuestro tema siempre latente, siempre presente, que son las cuestiones de género, a través de los diálogos con mujeres que son ejemplo de liderazgo desde la impartición de justicia y los derechos humanos, y ahora dentro de estos grandes temas, también se aprecia éste que es de particular trascendencia referir, que es la importancia del respeto a una judicatura independiente y autónoma.
La sociedad requiere contar con un árbitro imparcial que dirima las tensiones sociales, que resuelva los conflictos, es necesario tener a los jueces en una posición tal, que le permita resolver de manera objetiva, racional, reflexiva, con base en los derechos humanos las cuestiones litigiosas, que sea un dique que contenga que las fuerzas políticas arrasen con las opiniones minoritarias.Permítanme insistir en la importancia de lo que hacemos día a día, porque es mediante resoluciones jurisdiccionales, que se puede privar a las personas de sus derechos, de sus bienes, de sus papeles, de escuchar sus comunicaciones, de introducirnos en sus relaciones afectivas; esa es la función de los jueces, y por ello la independencia es un valor que debemos defender, a eso los invito, a unir esfuerzos de nuestras trincheras, a exigir respeto a nuestra función e investidura.
La judicatura está pasando por momentos históricos inusitados, los jueces, así sea que tengamos distintos orígenes, diferentes competencias, disímiles intereses; nos une un valor esencial, la justicia que inspira nuestros fallos, por eso hago un llamado a la unidad de valores, sin atender a las diferencias racionales entendibles y aceptables como seres humanos, pero en lo que si debemos caminar, es en defender esas figuras que aseguran que nuestra función se apoya con dignidad en un estado democrático, es decir, debemos recuperar la esencia de nuestra función Termino con unas palabras del ilustre procesalista Piero Calamandrei:“No conozco otro oficio que más que el de juez, exija en quien lo ejerce, el fuerte sentido de viril dignidad; sentido que obliga a buscar en la propia conciencia, más que en las opiniones ajenas, la justificación del propio obrar, y a asumir de lleno, a cara descubierta, su responsabilidad”.
¡GRACIAS!